Conoce la nueva «Ley de Start-ups» que prepara el Gobierno

El Gobierno de España ha aprobado recientemente una nueva Ley para las Start-ups que pretende fomentar el emprendimiento y la innovación en el país, así como mejorar la competitividad de las empresas españolas en un contexto global cada vez más exigente. Repasemos las claves de esta nueva normativa y sus implicaciones para el ecosistema emprendedor español.

Contexto y antecedentes de la Ley de Start-ups

La Ley de Startups se presentó por primera vez en el Congreso de los Diputados en julio de 2021, y tras varias modificaciones y debates, finalmente fue aprobada el pasado 1 de diciembre de 2022, bajo el nombre de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Según el Gobierno, esta ley representa un importante paso adelante en la creación de un marco jurídico adecuado para el emprendimiento en España, y cuenta con el apoyo de múltiples actores del sector empresarial, inversor y tecnológico.

Medidas de la Ley de Start-ups

Entre las principales medidas que se contemplan en la Ley de Start-ups, destacan las siguientes:

1. Definición de startups: la normativa establece una definición de startups como empresas jóvenes, innovadoras y con un alto potencial de crecimiento. Además, se establecen criterios específicos para determinar cuándo una empresa puede considerarse una startup, como el volumen de facturación o el número de empleados.
2. Simplificación administrativa: la Ley de Start-ups busca reducir la burocracia y los trámites administrativos de las empresas. Algunos ejemplos son la propia creación de empresas, la obtención de permisos y licencias o la presentación de informes contables y fiscales.
3. Incentivos fiscales: las ayudas del gobierno se concentran en una serie de incentivos fiscales para las startups, como la exención del pago del Impuesto de Sociedades durante los primeros tres años de actividad o la reducción del tipo impositivo del 25 % al 15 % para las empresas que facturen menos de un millón de euros anuales.
4. Fomento de la inversión: la Ley de Start-ups establece un marco legal favorable para la inversión en empresas emergentes, con el objetivo de fomentar la entrada de capital privado en estas empresas. En este sentido, se establecen incentivos fiscales para los inversores, como la reducción de la tributación por las plusvalías obtenidas en la venta de acciones de empresas de nueva creación.
5. Facilitación de la contratación: se pone en marcha un paquete de medidas para facilitar la contratación de trabajadores por parte de las startups, como la eliminación de ciertos requisitos formales en los contratos laborales o la simplificación de los trámites para la contratación de trabajadores extranjeros.
6. Fomento de la internacionalización: la Ley de Start-ups busca impulsar la internacionalización de las empresas españolas, facilitando su acceso a mercados exteriores y fomentando la cooperación con empresas y organismos de otros países. Se ponen en marcha medidas como la creación de programas de apoyo a la internacionalización, la simplificación de los trámites para la exportación de productos o la promoción de la marca España en el exterior.
7. Protección de la propiedad intelectual: mediante pautas como la creación de un registro de patentes y marcas que simplifique los trámites y reduzca los costes asociados, o la agilización de los procedimientos para la resolución de conflictos relacionados con la propiedad intelectual.
8. Fomento del emprendimiento social: teniendo en cuenta como objetivo principal la creación de valor social y medioambiental. Para ello, se establecen medidas específicas de apoyo a las empresas sociales, como la creación de programas de financiación o la simplificación de los trámites para la obtención de reconocimientos y certificaciones.
9. Establecimiento de un marco regulatorio específico: que contempla las necesidades y características específicas de las startups. En este sentido, se establecen medidas para favorecer la flexibilidad y la adaptabilidad de estas empresas, como la posibilidad de cambiar el objeto social de la empresa sin necesidad de modificar sus estatutos.
10. Creación del Consejo de Emprendimiento: la Ley de Start-ups establece la creación del Consejo de Emprendimiento, un órgano consultivo que estará compuesto por representantes del Gobierno, del sector empresarial, inversor y tecnológico, y que tendrá como objetivo principal asesorar al Gobierno en la implementación de políticas y medidas de apoyo al emprendimiento.

La Ley de Start-ups: críticas y retos pendientes

Existen una serie de voces críticas que señalan que la Ley de Start-ups puede no ser suficiente para abordar los problemas estructurales que afectan al emprendimiento en España. En este sentido, algunos expertos abogan por la necesidad de abordar estos problemas de manera más profunda y estructural, mediante la implementación de medidas de largo alcance y la promoción de una cultura emprendedora más fuerte y arraigada en la sociedad.

En cualquier caso, lo cierto es que la aprobación de la Ley de Start-ups supone un paso adelante en el fomento del emprendimiento en España, y puede sentar las bases para un ecosistema emprendedor más dinámico, innovador y competitivo. Hasta que llegue el momento en que la adaptación integral a este tipo de leyes sea efectiva, contar con la asesoría de una gestoría online puede ser la clave del éxito. Solo el tiempo dirá si esta normativa es suficiente para lograr estos objetivos, o si se requieren medidas adicionales y más profundas para impulsar el emprendimiento en el país.